Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se dicta sentencia desestimando la acción de retracto sobre 5 fincas rústicas y una 6ª, en la que se encuentra edificada una nave, con imposición de costas a la parte actora. Recurrida en apelación se estima mínimamente el recurso de apelación con relación a la imposición de costas por exigencia de dudas, confirmando el resto de la sentencia recurrida, porque fundamentándose la sentencia recurrida en la falta de prueba del arrendamiento de las fincas por la parte actora, se recurre alegando error en la valoración de prueba, en concreto un giro de 800 € como prueba del pago de rentas; la declaración testifical evasiva del hijo del supuesto arrendatario; y, el reconocimiento en testifical, de que el actor reparó el tejado de la nave y que le suministraban en la finca el gasoleo; estableciendo el Tribunal que dichas pruebas no acreditan la existencia del contrato de arrendamiento, porque lo que se envió fue un cheque bancario que no está acreditado que se hiciera efectivo, siendo una cantidad mínima, por rentas anuales de todas las fincas y de una nave de 600 metros; que el hecho de que el único heredero del supuesto arrendador diera respuestas evasivas tampoco prueban el contrato, ni lo de la reparación del techo o el suministro de gasoil, sean prueba de que el actor disfrutara de las fincas en concepto de arrendatario, siendo la adquirente la verdadera arrendataria, que permitía graciosamente el uso de la nave al actor por amistad.
Resumen: Se solicita la declaración del derecho de retracto a favor de la actora. Desestimada la demanda recurre la misma. La actora es titular de la mitad indivisa de la finca, habiendo adquirido la otra mitad indivisa quien fue su esposo. El titular de la mitad indivisa del inmueble la transmitió a la ahora demandada sin comunicarlo a la actora, alegando ésta que ello le impidió el ejercicio el derecho de retracto. Tratándose de retracto de comuneros, el espíritu y finalidad de la institución es reducir o eliminar las cotitularidades dominicales, evitando en lo posible las situaciones de indivisión en los supuestos de condominio de un inmueble. Se trata de un poder sobre una cosa para adquirirla después de haber sido transmitida a un tercero, lo que es objeto de una rigurosa regulación legal y merece una interpretación restrictiva. No es controvertido que una vez que la actora conoce la transmisión de la mitad indivisa del inmueble ya había transcurrido el plazo que para el ejercicio del derecho de retracto, esto es, nueve días contados desde la inscripción de la venta en el Registro de la Propiedad, por lo que habiéndose ejercitado fuera de plazo no cabe estimar la pretensión ejercitada. Se rechazan las alegaciones referentes al ejercicio de la acción de división de la cosa común planteada por el demandado en otro procedimiento, y el posible incumplimiento por éste de un pacto verbal, pues las mismas deben plantearse en aquel procedimiento, no en el presente.
Resumen: En proceso ejecutivo se deniega por el juzgado la personación por sucesión procesal de la entidad actora, hoy recurrente. El Juzgado había requerido a la solicitante para que aportarse documento auténtico el que resultase la cesión del crédito con detalle del objeto y precio pagado, y al entender que los documentos aportados no eran suficientes como para acordar la sucesión procesal tratándose de un crédito litigioso y desconociéndose también el precio de la cesión, acordó no haber lugar a la personación por sucesión, y archivó el procedimiento. La Sala estima que de la documentación aportada resulta acreditada la sucesión procesal, siendo además improcedente el archivo de la ejecución ya que resulta patente que el efecto de no tener por bien formulada la solicitud de sucesión procesal, no produce más que ese efecto sin que pueda determinar el archivo del procedimiento de ejecución, quedando al margen del litigio las relaciones entre cedente y cesionario. No se estima aplicable tampoco el art 1535 CC, que establece el derecho de retracto del deudor reembolsando al cesionario el precio que pagó, pues la figura del retracto de crédito litigioso no es aplicable cuando éste ha sido transmitido conjuntamente con otros, en bloque, por sucesión universal, no de forma individualizada, por lo que no cabe requerimiento alguno sobre precio de la venta del crédito, y procede tener por personada a la recurrente en lugar de la demandante inicial.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para ejercitar acción de retracto arrendaticio. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia recurrida y declaró haber lugar al retracto solicitado. Considera el tribunal que no es de aplicación la jurisprudencia que excluye el retracto cuando se pretende retraer solo partes de un inmueble, porque el retracto ejercitado tiene por objeto todos las viviendas del edificio, debidamente individualizadas y con precio diferenciado.
Resumen: A) Que nos hallemos ante una cesión onerosa de un crédito......B) Que el crédito cedido sea litigioso, es decir que se encuentre sub iudice...C) Que la acción de retracto sea ejercitada precisamente por quien ostente la condición de deudor del crédito cedido, lo que conforma presupuesto de legitimación activa para el ejercicio de tal pretensión. D) Que la acción de retracto se ejercite en el plazo de caducidad de nueve días contados desde que el cesionario le reclame el pago. E) Que se consigne a favor del cesionario el importe del precio de la cesión, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. También cabe recordar que el tercer poseedor de los bienes hipotecados no ostenta la condición de deudor cedido en la relación obligatoria subyacente, salvo que haya asumido, a su vez, la obligación garantizada con la hipoteca, que no es el caso.
Resumen: Aportadas unas fincas rústicas en la constitución de una sociedad, las mismas fueron embargadas por la Agencia Tributaria como consecuencia de deudas fiscales de dicha sociedad, adjudicándose a terceros que son demandados por quien se dice arrendatario de una de las fincas, quien ejerce una acción de retracto, la cual es desestimada por la Audiencia por cuanto el primer requisito exigido para el ejercicio de un retracto en los arrendamientos rústicos es la prueba de su condición de arrendatario, lo que en el caso se pretende acreditar con un contrato otorgado a su favor por su padre, que fue quien en su día aportó la finca a la sociedad deudora, lo que se considera insuficiente por la Audiencia pues tras la aportación a la sociedad, si el anterior propietario continuó en posesión de las fincas lo hizo a título de precarista, dado que no tenía, ni se alegó, título que amparase esa posesión, pues ni siquiera era administrador de la sociedad a la que se aportó la finca.
Resumen: Demanda en la que se ejercitaba una acción de retracto de crédito litigioso. Los demandantes obtuvieron un préstamo que, ante su impago, fue reclamado judicialmente por la prestamista; la sentencia firme fue objeto de ejecución y, en la misma, se llegó a un acuerdo para el pago de la deuda en ochenta y ocho mensualidades; posteriormente, el crédito fue cedido a un tercero y los prestatarios ejercitaron la acción de retracto de crédito litigioso de la que dimana este pleito. La demanda fue estimada en ambas instancias y recurre en casación la entidad a la que le fue cedido el crédito por la prestamista inicial. La sala estima el recurso de casación pues, de acuerdo con su jurisprudencia, el crédito cedido no tenía el carácter de litigioso cuando fue cedido a la demandada, puesto que su existencia, exigibilidad y cuantía ya habían sido determinados en sentencia firme dándose, además, la circunstancia de que en la ejecución de la sentencia tampoco había contienda cuando se produjo la cesión, puesto que las partes habían llegado a un acuerdo sobre el pago fraccionado de la deuda, que se estaba cumpliendo. La estimación de la casación comporta la desestimación de la demanda.
Resumen: La sentencia antes de entrar en el fondo de la cuestión desarrolla un criterio relativo a la tramitación de la incongruencia omisiva en la sentencia de primera instancia. Considera que para que esa declaración y subsanación de falta de pronunciamiento pueda ser realizada en la segunda instancia,es preciso que se solicite por el futuro apelante el complemento de dicha sentencia antes de interponer la apelación. La prueba resulta contundente respecto a la existencia no sólo de un arrendamiento sino también de un subarrendamiento del local de negocio transmitido, por lo que se dan los presupuestos para confirmar la eficacia del retracto ejercitado por el arrendatario.
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda en ejercicio de acción de retracto de colindantes apreciando la caducidad de la acción. La parte actora impugna la resolución alegando que la acción no está caducada y que concurren todos los requisito para estimar la acción. El plazo para el ejercicio de la acción son nueve días, contados desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta. La brevedad del plazo resulta necesaria atendida la exigencia de salvaguardar la seguridad jurídica, impidiendo que un tercero se pueda colocar en la posición del adquirente. El motivo debe ser estimado, tratándose de una pública subasta y siendo este el momento en que el actor ha conocido la venta de la finca, el plazo debe computarse desde la adjudicación. Respecto del fondo, analizados los requisitos exigidos por la jurisprudencia, la Sala considera que el recurso no puede prosperar, no se cumple la finalidad para la que está legalmente previsto, la reducción del minifundio con una mejora de la productividad agraria. El retracto no es tanto una subrogación sino una venta forzosa al retrayente, o lo que es lo mismo, una limitación impuesta a la propiedad rústica, aunque redunda en provecho de un particular, y motivada por el interés general. En la demanda no se hace referencia a la finalidad del retracto, al menos sobre como conseguir la mejora de la productividad, y sus resultados económicos, aspecto que debe ser probado.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima en parte la demanda y condena a la demandada al pago del saldo deudor de una cuenta corriente abierta en una entidad bancaria que ulteriormente formalizó una transmisión global de créditos en favor de la entidad actora.Argumenta el Tribunal que aun cuando se estimase que el crédito cedido gozaba de la condición de litigioso, la doctrina legal ha entendido que el deudor no goza del derecho de retracto al que se refiere el art. 1.535 de Código Civil cuando, como es el caso, la cesión del crédito discutido no opera de forma individual y aislada, sino que se inscribe en el ámbito de una transmisión global de una cartera de créditos por la que se satisface un precio unitario .No existió por tanto un precio individualizado para el crédito que aquí nos ocupa, precio que no cabe concretar por la vía meramente especulativa propugnada por el recurrente consistente en la aplicación de la regla proporcional a partir del total convenido.Concurre, además, una razón añadida de naturaleza procesal, cual es la de que la demandada deudora no ha formulado acción reconvencional para el ejercicio del derecho de retracto de crédito litigioso.
